Después de más de cuatro a.os del Acuerdo de paz suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos en representación del estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (farc-ep), los propósitos de habilitar condiciones para la apertura democrática y la ampliación de la participación política, particularmente de los sectores políticos y sociales excluidos históricamente, así como las numerosas disposiciones para hacerlos realidad, no se han materializado y tampoco se encuentran en un estado del cual pudiera predicarse que están en proceso de concretarse en el inmediato o mediano plazo.