La resistencia y lucha campesina de El Catatumbo es una prueba más de la validez de una acción política que privilegia la movilización y el despliegue del poder constituyente, en un país en el que el sistema político ‒tal como manda la maltrecha Constitución de 1991‒ en lugar de abrirse hacia la mayor democratización, restringe y cierra los espacios de participación social y popular. Resulta cuando menos paradójico que sean los propios campesinos quienes tengan que demandar del Estado el cumplimiento de sus leyes, que para ello deban recurrir a una de las más importantes movilizaciones en defensa de la territorialidad campesina de nuestra historia reciente, y que en ese cometido sean expuestos a las más virulenta y sangrienta represión de las fuerzas militares y de policía, amparadas seguramente en la impunidad del "blanco legítimo" que les ofrece el recién aprobado fuero militar.