Desde el inicio del mandato presidencial, el gobierno de Santos ha avanzado en la profundización del proyecto político-económico neoliberal. Ello se ha expresado en la puesta en marcha de una agenda agresiva de reformas, que no ha podido sacarse adelante de acuerdo con los cálculos gubernamentales en forma plena. Las resistencias y las luchas populares, así como el inicio de los diálogos de La Habana, constituyen la razón principal que lo explica.
La más reciente de las reformas de Santos es la reforma tributaria que dio continuidad a los enfoques sobre la política impositiva de la economía del lado de la oferta, introducidos en el país con la reforma tributaria de Barco en 1986. Más allá de los diseños específicos, de lo que se trata es de incentivar a los capitalistas con bajas en los impuestos porque sólo ellos tendrían una capacidad de ahorro que podría ser invertida nuevamente en el proceso económico. Como las reducciones tienen que ser compensadas con otros ingresos para evitar un descenso en los ingresos del Estado, uno de los aspectos esenciales de la Ley 1607 de 2012 consistió en reducir el impuesto a las utilidades del 33 al 25 por cierto, acompañando tal reducción con aumentos escalonados progresivos de los impuestos a las rentas de los sectores medios de la población. En la línea ofertista, la reforma fue al mismo tiempo una reforma laboral, pues impuso la tesis de que una reducción del costo laboral aumenta de manera automática los niveles de ocupación. Por ello, en una operación digna de magia neoliberal, eliminó las contribuciones parafiscales al Sena y el Bienestar Familiar y con el llamado impuesto para la equidad del 8 por ciento, CREE, aspira a generar los recursos para financiar esas dos instituciones claves de la política social.