Desde su propia expedición, la Constitución de 1991 ha sido objeto de múltiples caracterizaciones, controversias e interpretaciones, empezando por las lecturas del bloque dominante en el poder que la definían como parte de la gran transformación impulsada por llamada la Revolución Pacífica del gobierno de César Gaviria (1990-1994). No es propósito de este texto recrear los debates teóricos y políticos que se generaron hace dos décadas y que fueron vertidos en numerosas publicaciones. Sea suficiente recordar que en el contorno de esos debates se encontraban, por una parte, quienes inspirados en las posturas del liberalismo social y de la socialdemocracia consideraban que la nueva Carta política poseía alcances emancipadores, debido al catálogo de derechos que se había logrado introducir en ella, especialmente en lo referido a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales hasta entonces ausentes en el ordenamiento jurídico, a la incorporación del amparo constitucional de los derechos, a la inclusión de un concepto de democracia participativa diseñado para superar el régimen de democracia representativa restringida heredado del Frente Nacional, a los diseños que auguraban el impulso al proceso de descentralización y la democracia local, al reconocimiento de los derechos y de los territorios de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Estas y otras elaboraciones fueron leídas como parte de un amplio proceso de democratización política y social en curso, desatada justamente por el proceso constituyente de 1991.